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Crisis minera en Panamá desata escasez y pérdidas millonarias en la economía nacional

Las protestas contra la renovación de la concesión minera en Panamá han sumido al país en una crisis económica, con la vía Panamericana bloqueada durante más de dos semanas por sindicalistas y grupos indígenas. Esta acción ha interrumpido la cadena de suministros, resultando en escasez de alimentos y combustible a nivel nacional.

El comisionado de la Policía Nacional, Elmer Caballero, anunció medidas para despejar la vía hacia la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la más afectada por los bloqueos. Simultáneamente, el Gobierno informó sobre la apertura de la importación temporal de gasolina de 91 octanos y diésel desde Costa Rica para abastecer a la provincia, que se encuentra en una situación crítica.

Chiriquí, reconocida como la mayor productora de vegetales y legumbres del país, enfrenta la pérdida de cosechas que quedaron varadas o no se han cosechado debido a los bloqueos. Este escenario ha dejado prácticamente desabastecidos los abastos de los centros urbanos, agravando la crisis alimentaria.

El comisionado Caballero expresó la determinación de hacer cumplir la ley y restaurar el orden en el país, refiriéndose a los actos de violencia ocurridos en los bloqueos que ya han cobrado cuatro vidas y causado daños a la propiedad pública y privada.

Paralelamente, se han reportado bloqueos de vías con hechos vandálicos, incluyendo la muerte de dos personas por arrollamiento y otras dos a manos de un hombre armado, a medida que la tensión en las manifestaciones aumenta.

Los sindicatos persisten en su demanda de derogar el contrato ley entre Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals. A pesar de ser descartada por el Legislativo y el Ejecutivo, los representantes sindicales entregaron un proyecto de ley al Ejecutivo para la derogación del contrato minero. El presidente Laurentino Cortizo, tras reunirse con líderes patronales, enfrenta la presión de garantizar el libre tránsito, la seguridad de bienes y vidas en medio de una crisis que está generando pérdidas económicas estimadas entre 70 y 90 millones de dólares diarios.