La Suprema Corte de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión estatal de explotación minera de cobre otorgada a la compañía canadiense First Quantum. La ley aprobada en el Congreso que respaldaba el contrato de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica fue expulsada del sistema normativo del país.
La ley, conocida como Ley 406 y aprobada en octubre de 2023, permitía la explotación de la mina por 20 años, con opción a una prórroga de 20 años adicionales y un pago anual de US$375 millones al Estado. Sin embargo, esta decisión desató intensas protestas en Panamá, considerando muchos ciudadanos que implicaba una pérdida de soberanía y que los beneficios de la mina debían ser más favorables para el país.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, indicó que acatará la decisión de la Corte Suprema, respetando la separación de poderes.
La oposición a la explotación de la mina tiene raíces históricas, y la nueva concesión generó el rechazo de la sociedad civil. La mina, que representa el 1% de la producción mundial de cobre y el 5% del PIB panameño, ha estado operando desde 1997 a través de contratos previos que también fueron objeto de controversia y demandas por irregularidades. La nueva concesión, negociada en 2022 y anunciada en marzo de 2023, fue objeto de críticas por la falta de participación ciudadana.
El fallo de la Corte Suprema respalda las preocupaciones expresadas por la sociedad civil sobre la falta de transparencia y la necesidad de salvaguardar la soberanía y los intereses del país. Las protestas, que se prolongaron durante semanas, finalmente obtuvieron el respaldo de la Corte al declarar inconstitucional la ley que respaldaba la concesión minera.
