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Desafíos y oportunidades en la descarbonización del transporte en Centroamérica

La descarbonización del sector transporte emerge como uno de los desafíos cruciales en el camino hacia la transición energética en la región, según alerta la firma de consultoría McKinsey. A pesar de los avances en energías sostenibles, la dependencia de productos derivados del petróleo para el transporte supera la contribución de la electricidad alimentada por fuentes renovables, según señala la consultora.

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) respalda la necesidad de electrificación en el sector transporte, sugiriendo que podría cubrir el 77% de la flota de pasajeros y el 53% de la flota de carga para 2050. Este enfoque forma parte de las políticas de mitigación destinadas a reducir las emisiones relacionadas con el sector, que constituyen alrededor del 55% de los 55 millones de toneladas estimadas de CO2 liberadas en 2018.

La presidenta de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS), Silvia Rojas, subraya la importancia de concentrar esfuerzos e inversiones en la movilidad, ya que esta área tiene el potencial de lograr reducciones significativas de emisiones. Rojas aboga por una política pública integral que incluya incentivos como exenciones fiscales, la eliminación de restricciones vehiculares en áreas metropolitanas y descuentos en parquímetros.

Además, Rojas, quien también es directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), destaca la necesidad de mejorar la gestión del sistema de carga para el transporte eléctrico. Esto incluiría proporcionar información sobre la ubicación y el uso de cargadores, facilitar métodos de pago y garantizar la seguridad en las estaciones de carga.

La complejidad del desafío exige una combinación de medidas, desde la promoción de vehículos eléctricos hasta el desarrollo de infraestructuras clave. Expertos coinciden en que el impulso hacia una movilidad más sostenible no solo requerirá innovaciones tecnológicas, sino también un marco regulatorio sólido y programas de concientización para fomentar la adopción de prácticas de transporte más respetuosas con el medio ambiente.