El Salvador ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones, con una duración de 40 meses. Este programa busca fortalecer las finanzas públicas, mejorar la gobernanza y aumentar las reservas internacionales del país.

Como parte de este marco, el presidente Nayib Bukele anunció a inicios de mayo la inyección de $1,000 millones a la economía nacional, destinados al pago de proveedores del Estado. Esta medida beneficiará a empresas de todos los tamaños, incluyendo a las micro y pequeñas empresas (mypes), que representan el 99.6 % del tejido empresarial salvadoreño.

Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), explicó que la inyección de capital ya ha comenzado a liberar pagos pendientes, generando alivio financiero directo para las mypes. “Estos $1,000 millones liberan muchas de las facturas que estaban pendientes de pago, y eso va a quien se lo ha ganado”, afirmó Steiner.

El funcionario destacó que con estos fondos, las empresas podrán pagar planillas, saldar deudas, contratar personal e invertir en sus operaciones, fortaleciendo la cadena de valor productiva del país.

Además, resaltó el avance en el proceso de formalización empresarial gracias a la figura de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), vigente desde febrero de 2024. Hasta el 9 de mayo de 2025, se han registrado 3,410 SAS, que suman un capital superior a los $7.5 millones.

Esta modalidad permite a las mypes acceder más fácilmente al mercado formal, tanto público como privado, mediante procesos simplificados y con responsabilidad limitada para los accionistas.

Steiner aseguró que estas medidas no solo alivian la presión financiera sobre las mypes, sino que también impulsan el crecimiento económico y la formalización del sector, sentando las bases para un desarrollo más inclusivo y sostenible en el país.

El acuerdo con el FMI también abre la puerta a financiamiento adicional por parte de organismos como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elevando el apoyo financiero total a más de $3,500 millones durante la vigencia del programa.