Las empresas privadas en Venezuela enfrentan una “alta carga fiscal”, la cual ha aumentado debido a una nueva contribución mensual creada para mejorar las pensiones, que actualmente equivalen a unos 3,5 dólares al mes y son recibidas por más de cinco millones de adultos mayores.
El 8 de mayo, el presidente Nicolás Maduro promulgó la ‘Ley de Protección de las Pensiones’, que establece una “contribución especial” de hasta el 15 % del total de los pagos realizados “por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”. Esta contribución debe ser “declarada y pagada mensualmente” para “mitigar el impacto negativo” de las sanciones en los ingresos de los pensionados.
Juan Korody, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), considera que, aunque el objetivo de mejorar las pensiones es “loable”, las empresas privadas están al límite de su capacidad económica debido a la “excesiva carga fiscal” en el país. Según Korody, las empresas destinan, en promedio, un 80 % de su utilidad al pago de tributos, dejando poco margen para inversiones, adquisición de equipos, salarios y ganancias.
La nueva ley permite que el jefe de Estado determine anualmente el porcentaje de la contribución, que para esta primera vez se fijó en un 9 %, tres puntos más de lo sugerido por los empresarios. Korody advierte que esta carga fiscal adicional afectará los precios de los productos y la capacidad de las empresas para incrementar salarios o hacer nuevas contrataciones.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) había propuesto que el porcentaje no superara el 6 % y que se exonerara el pago para “sectores prioritarios”. También sugirieron un “tope máximo” de 390 dólares para no penalizar a las empresas que pagan mejor.
El diputado chavista Ramón Lobo señaló que el nuevo aporte para las pensiones “es deducible del ISLR (Impuesto Sobre la Renta)”, lo que permite incluirlo como gasto empresarial al momento de la declaración.
Conindustria ha advertido repetidamente que los “excesivos tributos fiscales y parafiscales” son uno de los principales obstáculos para la actividad manufacturera. La organización sugiere que el aumento de la recaudación debería venir de una mayor actividad económica y no del incremento de tasas impositivas, ya que es difícil mantener un crecimiento sostenido con constantes aumentos en tasas y tributos.
Según cifras oficiales, Venezuela recaudó unos 3.161 millones de dólares en impuestos en el primer cuatrimestre del año, un incremento del 77,5 % frente a los 1.780 millones del mismo período de 2023.
Fedecámaras, la mayor patronal del país, expresó su “preocupación” porque la nueva contribución agrega más presión fiscal a las empresas, afectando la rentabilidad, limitando las inversiones y mejoras en el ingreso de los trabajadores, y estimulando el empleo informal.
Korody sugiere que las obligaciones fiscales aumentan para empresas con presencia en varios municipios o sectores gravados con tributos especiales, y que en promedio una empresa debe hacer más de 200 declaraciones al año, lo que genera una “carga material, formal, muy impresionante”.
Para mitigar esta situación, Korody propone encuentros con las autoridades para evaluar el impacto económico de la carga fiscal y determinar qué tributos deben seguir existiendo y cómo se deben pagar.
