Redacción ||
El Gobierno de México se encuentra bajo escrutinio debido a la falta de información sobre el destino de los ahorros derivados del plan de austeridad implementado en 2021, que acumuló al menos 5,980 millones de pesos (unos $355 millones), según declaró Annel Vázquez Anderson, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Durante la presentación del “Informe sobre el combate a la corrupción: El país y las entidades federativas 2021”, realizado en Guadalajara, Vázquez Anderson expresó su preocupación por la falta de claridad en el manejo de estos recursos y la ausencia de bases de datos que permitan rastrear su destino.
La especialista destacó que los ahorros generan inquietudes, ya que no se ha proporcionado información sobre cómo se han utilizado, y subrayó la falta de un análisis adecuado en la reducción de partidas presupuestales. La mayor parte de estos ahorros proviene de gastos operativos y servicios personales.
El informe, que recopila la información sobre los mandatos de las instituciones anticorrupción en México, también analiza el desarrollo de los sistemas anticorrupción en los estados del país, así como el manejo de sus presupuestos.
Vázquez Anderson detalló que los especialistas examinaron la cuenta pública de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para entender las prácticas de discrecionalidad y cómo las dependencias utilizaron los recursos. El análisis abarcó variables como adecuaciones presupuestales, gastos directos, fideicomisos, ahorros y contrataciones públicas, entre otros.
En términos de gastos indirectos, se destinaron 4,253 millones de pesos (unos $253 millones) en 2021, con 2,824 millones de pesos (unos $167 millones) enfocados en el ramo de Bienestar, donde el 80.7 % se destinó al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
En cuanto a los fideicomisos, se observó que 25 de ellos concentraron 482,773 millones de pesos (unos $28,685 millones). Destacaron cinco fideicomisos coordinados entre la Secretaría de Salud y de la Defensa Nacional, que recibieron la mayor cantidad de recursos en el presupuesto de egresos.
El informe también reveló que el 80 % de las contrataciones públicas fueron por adjudicación directa, y el 10 % por licitación pública. Las instituciones con más contrataciones fueron el Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
El informe concluye con señalamientos sobre la falta de coordinación y resultados conjuntos entre las instituciones públicas y la carencia de políticas estatales en materia anticorrupción, que tienden a replicar el sistema nacional. La investigación se basó en el análisis de 426 solicitudes de información y 31 bases de datos públicas de ocho instituciones federales, totalizando más de un millón 880,000 datos abiertos.
