En un movimiento destinado a abordar la creciente escasez de viviendas en Canadá, el gobierno anunció la extensión de la prohibición a extranjeros para la compra de propiedades urbanas hasta el año 2027. La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, destacó que esta medida busca asegurar que las viviendas sean utilizadas como hogares para las familias canadienses y no como activos financieros especulativos.
Las excepciones a esta restricción, que afecta únicamente a propiedades urbanas y no a las turísticas, seguirán aplicándose a refugiados, residentes permanentes, así como a ciertos grupos de estudiantes internacionales y trabajadores temporales. El gobierno liderado por el liberal Justin Trudeau atribuye el alza de precios en el mercado inmobiliario a la actividad de inversores extranjeros, especialmente en los grandes centros urbanos.
A pesar de las críticas y la incertidumbre sobre la efectividad de esta prohibición, que representaba entre el 2% y el 7% de los propietarios de viviendas en Canadá en 2021 según datos oficiales, el gobierno mantiene su postura. Algunos expertos argumentan que la solución real reside en la construcción de nuevas viviendas para satisfacer la demanda, en lugar de imponer restricciones a los compradores extranjeros.
A principios de este año, Canadá también anunció limitaciones en los permisos para estudiantes extranjeros, alegando que el aumento en su número contribuía a agravar la crisis habitacional en el país.
