El Gobierno de Panamá anunció la suspensión temporal del aumento planeado para las pensiones más bajas, aquellas que son inferiores a los 350 dólares, debido a la ausencia de los fondos previstos por la explotación de la polémica mina de cobre, que ha sido el epicentro de intensas protestas en el país.
En una conferencia de prensa, Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social (CSS), expresó que, dado que los recursos correspondientes no han sido depositados en la cuenta de la institución, se ven limitados para hacer efectivo el aumento en las pensiones. Este beneficio afectaría a alrededor de 120,000 jubilados y estaba planeado para ser financiado por el pago realizado la semana pasada por la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. La suma pagada ascendió a 562.8 millones de dólares, correspondientes a las obligaciones establecidas en el polémico contrato ley con el Estado.
El pago de regalías realizado por la empresa minera fue depositado en una cuenta “restringida” del Banco Nacional de Panamá, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el pacto minero.
Adicionalmente, el Gobierno de Panamá informó que, como consecuencia de los recientes acontecimientos, se contempla una reducción en el presupuesto general del Estado para el año 2024. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, señaló que esta medida se toma debido a las condiciones cambiantes en el país, sin especificar si se refiere al posible cese de la explotación minera tras las prolongadas protestas que han alcanzado un mes de duración.
“Estamos hablando de un presupuesto de un monto menor que el que originalmente habíamos presentado a la consideración de la Asamblea Nacional”, afirmó Alexander, describiéndolo como un “nuevo presupuesto” que se está evaluando en función de diversos escenarios futuros.
