Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto de manifiesto que el Estado de Nicaragua ha cerrado 3,390 organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno encabezado por Daniel Ortega en abril de 2018. Este informe, compartido por la Fundación del Río, una de las ONG ilegalizadas, destaca que estas clausuras representan el 47 % de las registradas legalmente en el país centroamericano durante los últimos cinco años.
El estudio identifica cuatro motivos detrás de las cancelaciones: la criminalización de la labor de las ONG, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo, y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria. La Fundación del Río estima que este cierre “injustificado” ha dejado pérdidas anuales por $255 millones para la ejecución de proyectos de desarrollo, 23,000 personas sin empleo y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos.
Además, el informe revela que un 38 % de las ONG canceladas se dedicaban a temáticas de derechos humanos. Estas cancelaciones, según el presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, han limitado severamente la capacidad de la sociedad civil para participar en distintos ámbitos y han afectado las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, diputados sandinistas argumentan que estas ONG utilizaron recursos de donaciones para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones de 2018. La situación en Nicaragua ha sido tensa desde entonces, agravándose tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato.
