Cientos de unidades de transporte de carga provenientes de toda Centroamérica comenzaron este martes su retorno a sus países de origen después de más de 30 días de estar varados en la provincia panameña de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.
La liberación del transporte de carga sigue a la solicitud del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien instó a líderes civiles y autoridades panameñas a habilitar un corredor humanitario para los choferes salvadoreños retenidos.
En una comunicación oficial emitida a través del Ministerio de Relaciones Internacionales, El Salvador hizo un llamado a las autoridades competentes y a los líderes de la sociedad civil que mantenían los cierres de vías, solicitando la habilitación de un corredor humanitario para permitir la salida rápida de los compatriotas salvadoreños de Panamá.
La respuesta del líder indígena de la comarca Ngäbe-Buglé, Toribio García, fue positiva, expresando su disposición a permitir la salida de los conductores salvadoreños. No obstante, García enfatizó que la lucha no está dirigida contra los camioneros de Centroamérica, sino contra el Gobierno panameño, al que acusa de querer vender la patria a empresas extranjeras y perjudicar la tierra.
En medio de este contexto de tensiones, la Corte Suprema de Panamá anunció este martes que declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina con la empresa canadiense First Quantum Minerals. Este fallo añade un nuevo elemento a las protestas y descontento social que prevalecen en Panamá, relacionados con el acuerdo con la mencionada empresa minera.
