El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado llevar adelante su propuesta para aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) con el objetivo de reducir el déficit fiscal del país y obtener más recursos para financiar el “conflicto armado interno” que declaró a principios de año contra el crimen organizado.
Noboa alcanzó su objetivo después de que la Asamblea Nacional no lograra los votos necesarios para mantener su posición inicial de no aprobar el aumento del IVA, ni tampoco consiguiera respaldo suficiente para aceptar el veto parcial del presidente.
Por lo tanto, la “Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica” entrará en vigor con la última modificación realizada por el presidente, que propone elevar el IVA del 12 % al 13 % de forma permanente y, circunstancialmente, hasta el 15 % si así lo decide el propio Noboa, previa aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Además del aumento del IVA, la ley también incluye otras modificaciones, como un impuesto especial a los beneficios de los bancos y las cooperativas, un incremento del impuesto de salida de divisas y una tarifa impositiva para los materiales de construcción.
Con este incremento de hasta tres puntos porcentuales del IVA, el Gobierno de Noboa estima aumentar la recaudación fiscal en aproximadamente 1.300 millones de dólares, sin afectar a los productos de la canasta básica.
El presidente también está trabajando en un proyecto de ley para focalizar los subsidios de los combustibles y reducir el gasto público relacionado con estas subvenciones, que en 2023 alcanzaron los 3.200 millones de dólares.
La propuesta de aumento del IVA ha sido objeto de críticas por parte del correísmo y de sindicatos y organizaciones sociales, como el movimiento indígena, que se han manifestado en contra de la medida.
Sin embargo, el Banco Central de Ecuador ha respaldado la necesidad de reformas estructurales, destacando la importancia de obtener recursos para financiar la “guerra” interna contra las bandas criminales, que el presidente considera grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Esta decisión se tomó después de una ola de violencia y atentados que afectaron al país, convirtiéndolo en uno de los más violentos de Latinoamérica.
