La recién aprobada Ley de Sostenibilidad Fiscal, avalada por la Asamblea Legislativa, representa un paso importante hacia la mejora de la economía salvadoreña, según destacan el analista y sociólogo René Martínez Pineda y el experto en administración pública Nelson Flores.

El objetivo principal de esta normativa es establecer un límite al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que el país puede comprometer al pago de deuda pública y pensiones, fijando un techo del 70 % del PIB a mediano y largo plazo.

Para Martínez Pineda, los beneficios de la ley van más allá de lo técnico. A su juicio, “se sentarán las bases fiscales para fortalecer tanto la estabilidad macroeconómica como la microeconómica del país”, lo cual contribuiría a crear un entorno más sólido para el desarrollo económico.

Además, considera que esta normativa se convertirá en una de las principales ventajas competitivas para atraer inversión extranjera, al brindar señales de responsabilidad fiscal y estabilidad institucional.

En esa misma línea, Nelson Flores subraya que el marco legal permitirá que El Salvador acceda a asesoría internacional en materia de políticas macroeconómicas, estructurales y de desarrollo, lo cual podría influir positivamente en la toma de decisiones estratégicas a favor del crecimiento económico.

Un aspecto clave de la ley es que establece un mecanismo gradual, progresivo y permanente para alcanzar la sostenibilidad fiscal. Según Flores, este enfoque por fases facilita la participación de organismos financieros internacionales, ampliando las oportunidades de financiamiento en la medida en que el país avance en cada etapa.

Finalmente, la ley incorpora mecanismos de transparencia, exigiendo que se publiquen de forma periódica los datos sobre la situación económica y el progreso en el cumplimiento de las metas fiscales, lo cual refuerza la confianza pública y la rendición de cuentas.