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Panamá recibe notificaciones de posibles demandas arbitrales de empresas mineras canadienses

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá anunció el domingo que recibió notificaciones de posibles demandas arbitrales presentadas por la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su filial Minera Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. La compañía Franco-Nevada Corporation también está suscrita a estas demandas. Las acciones legales se dan en medio de una crisis de más de cinco semanas en la que grupos sindicales, indígenas y estudiantiles han bloqueado vías en protesta contra la renovación del contrato de concesión a Minera Panamá para la explotación de la mina Cobre Panamá.

Las demandas se centran en la renovación de la concesión a Minera Panamá, que ha sido objeto de protestas y bloqueos. El Ministerio de Comercio e Industrias afirmó que Panamá ha cumplido con todas sus obligaciones y el derecho panameño, y está preparado para defender los intereses nacionales.

Este anuncio ocurre mientras la Corte Suprema de Justicia de Panamá debate la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, que renovó la concesión a Minera Panamá. Mientras se espera un fallo, la obstrucción de vías ha afectado la cadena de suministros nacional y ha generado escasez de alimentos y combustibles.

Si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad, Minera Panamá advierte que se produciría el cese total de sus operaciones, que ya están parcialmente afectadas por los bloqueos y protestas. La empresa destaca los beneficios económicos de la explotación para el Estado panameño.

Ambientalistas y juristas argumentan que un fallo de inconstitucionalidad podría poner al Estado en una posición más ventajosa en caso de un posible arbitraje internacional por parte de la minera. Se estima que las consecuencias económicas de llegar a un arbitraje internacional con First Quantum Minerals podrían ascender a alrededor de 50.000 millones de dólares, según la Cámara Minera de Panamá. Esto incluiría la inversión inicial de 10.000 millones de dólares y podría llevar a la pérdida del grado de inversión y el deterioro de las finanzas públicas.

La renovación de la concesión ha generado tensiones en el país, con protestas y bloqueos que afectan la operación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto en Centroamérica.