El gobierno de Panamá declaró estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, su principal región bananera, tras una ola de saqueos, vandalismo y disturbios registrados en los últimos días.

Las protestas comenzaron hace semanas como parte de un movimiento nacional en rechazo a una reforma de las pensiones aprobada en marzo por el Congreso panameño. La situación se agravó cuando el sindicato local de trabajadores bananeros se sumó a las manifestaciones y convocó una huelga.

La medida de urgencia, vigente por cinco días, implica la suspensión temporal de varias garantías constitucionales en Bocas del Toro, ubicada en la frontera con Costa Rica. Entre las restricciones están la limitación a la libertad de movimiento y la autorización para que la policía realice arrestos sin orden judicial.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, justificó la decisión señalando que el Estado debe garantizar la paz y el orden ante la violencia y vandalismo que han afectado a la mayoría de la población. “Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se organicen para generar más actos violentos”, afirmó.