Redacción ||
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el domingo que solicitará al Tribunal Electoral la realización de una “consulta popular” el 17 de diciembre. En esta consulta, los panameños tendrán la oportunidad de decidir, a través de su voto, si se deroga o no la renovación de una cuestionada concesión minera otorgada a la empresa canadiense Minera Panamá, una filial de First Quantum Minerals (FQM).
Esta controvertida concesión, que fue ratificada por 20 años prorrogables el 20 de octubre, ha sido objeto de protestas a nivel nacional en Panamá durante la última semana. Los manifestantes han expresado su desacuerdo con el nuevo acuerdo, que permite la explotación a cielo abierto del yacimiento de cobre más grande de Centroamérica.
Cortizo enfatizó la importancia de la participación ciudadana a través del voto en la consulta popular y destacó que el resultado será de obligatorio cumplimiento. Las protestas, en su mayoría pacíficas, han desencadenado algunos enfrentamientos y actos vandálicos, lo que ha llevado al presidente a tomar medidas para abordar las preocupaciones de la población.
Además de la consulta popular, el presidente anunció su intención de elevar a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional, una medida que ha sido solicitada por los opositores al acuerdo minero. También se ha propuesto un referéndum para que la población decida si Panamá debería convertirse en un país minero.
Las reacciones a las palabras del presidente no se hicieron esperar, y Saúl Méndez, secretario general del poderoso Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), afirmó que las protestas continuarán hasta que se derogue la Ley 406, que respalda el acuerdo minero.
La rapidez con la que se aprobó el nuevo contrato minero y su divulgación inmediata en la Gaceta Oficial del Estado generaron un gran descontento social y desencadenaron una respuesta policial en los últimos siete días. Activistas y juristas han señalado que el nuevo contrato mantiene los mismos problemas que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
La consulta popular programada para diciembre será crucial para determinar el destino de esta controvertida concesión minera y reflejará la voluntad de los panameños en cuanto a su postura sobre la minería a gran escala en el país.
