Redacción ||
Hace una semana que Guatemala se encuentra sumida en protestas y bloqueos de carreteras que están teniendo un impacto significativo en el comercio de toda la región. Los cierres de carreteras han impedido el transporte de mercancías a través de aduanas, puertos y aeropuertos guatemaltecos, afectando la cadena de suministro regional.
Los efectos se han hecho sentir en el aumento de los precios de productos básicos, el cierre de comercios debido a amenazas y la escasez de combustibles en estaciones de servicio y aeropuertos por falta de abastecimiento. Algunos supermercados en la capital reportan estanterías vacías, especialmente en productos como el pan y las verduras.
Los consumidores también han visto aumentos en el precio de las tortillas, las verduras y la escasez de cerveza. Algunas comunidades han estado sin gasolina durante más de tres días debido a la falta de suministro.
Incluso la industria aérea se ha visto afectada, con la Dirección General de Aeronáutica Civil guatemalteca pidiendo a las aerolíneas que se abastezcan de suficiente combustible antes de llegar al país.
Guatemala ha sido un actor clave en el comercio de Centroamérica y el Caribe, suministrando una cantidad significativa de frutas y verduras. Los comerciantes y empresarios salvadoreños ya han informado de pérdidas considerables, lo que podría afectar a El Salvador y otros países de la región.
La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar, señaló que los bloqueos en Guatemala están causando problemas críticos para el comercio regional e internacional, interrumpiendo cadenas de suministro y afectando contratos comerciales.
La gremial indicó que las exportaciones diarias de El Salvador hacia Guatemala promedian $3.3 millones, y que Guatemala también exporta una cantidad importante hacia otros países de la región y el Caribe.
Los comerciantes locales también están preocupados por la situación, ya que el 95 % de las verduras provienen de Guatemala. El Gobierno está buscando soluciones para mitigar el impacto en la población y la economía salvadoreña.
