La administración del expresidente Donald Trump solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que anule una orden judicial que bloquea temporalmente los despidos masivos en agencias gubernamentales, medida que afectaría los planes de recorte impulsados desde la Casa Blanca.

El fiscal general John Sauer presentó la petición tras el fallo de la jueza federal Susan Illston, de San Francisco, quien exigió documentación legal antes de permitir reducciones de personal en el Ejecutivo, recordando que ciertas reformas requieren aprobación del Congreso.

El recurso busca suspender de forma inmediata la orden de la magistrada y defiende el derecho del presidente a dirigir las agencias ejecutivas en la implementación de recortes. Sauer calificó la decisión de Illston como una “opinión extraordinaria” que cuestiona la autoridad presidencial sobre el personal del poder ejecutivo.

La medida judicial representa un obstáculo para el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, que coordina la iniciativa de reestructuración del aparato federal.

En paralelo, Trump arremetió contra el Tribunal Supremo en su red social Truth Social, acusándolo de ser influenciado por la “izquierda radical” y advirtiendo: “¡No podemos permitir que esto le ocurra a nuestro país!”.

Esta controversia se suma a otra disputa legal relacionada con la ciudadanía por nacimiento, también llevada al Supremo por la vía rápida, en lo que expertos consideran una estrategia para acelerar decisiones ante un tribunal de mayoría conservadora.