Trece países de la Unión Europea (UE) manifestaron este lunes su apoyo a la solicitud de España para revisar o retirar los recortes propuestos por la Comisión Europea sobre las cuotas de anchoa en el Golfo de Cádiz para 2024 y 2025. Entre los países que respaldaron esta petición se encuentran Portugal, Italia, Francia, Chipre, Dinamarca, Lituania, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Letonia, Bélgica y Croacia.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió la postura española de manera “clara y terminante”, calificando la propuesta como “carente de sentido político”. Durante un debate en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, Planas presentó tres razones fundamentales para oponerse a la propuesta de recortes.
Primero, criticó que Bruselas no haya esperado el informe del Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES)sobre la situación de la población de anchoa, el cual se conocerá a finales de septiembre. En segundo lugar, argumentó que la propuesta segmenta la gestión de la anchoa por zonas, sin considerar los impactos económicos y sociales que esto podría acarrear. Por último, calificó de “error” la prohibición de intercambios de cuotas entre los Estados miembros.
Según la perspectiva española, los recortes propuestos por Bruselas llevarían a un cierre casi inmediato de la pesquería, obligando a la flota a permanecer amarrada en puerto hasta junio del próximo año.
En contraste, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, defendió la necesidad de los recortes, argumentando que son esenciales para preservar las reservas de anchoa a largo plazo. Reconoció que las decisiones serían difíciles para la flota del Golfo de Cádiz, pero insistió en que es necesario actuar “de manera responsable”, citando medidas similares adoptadas en el Báltico.
El secretario de Estado de Pesca de Hungría, Zsolt Feldman, cuyo país preside actualmente el Consejo de la UE, comentó al finalizar el debate que todos los países habían escuchado con atención los argumentos y que es fundamental “encontrar una solución responsable”. La delegación portuguesa subrayó su “apoyo incondicional” a la posición de España, destacando la importancia de considerar los tres pilares de la Política Pesquera Común: el ambiental, el económico y el impacto social.
