La histórica tensión entre Venezuela y las transnacionales petroleras ha tomado un nuevo giro con el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre una propuesta de ley especial que prohíba a empresas colaborar en las concesiones otorgadas por Guyana en el territorio en disputa del Esequibo. Maduro instó a las compañías a retirarse de estas operaciones en un plazo de tres meses.
Esta decisión se produce después de un referendo que consultó a los ciudadanos sobre la creación de un estado venezolano en el Esequibo, territorio reclamado por Venezuela pero controlado por Guyana. Además, se consultó sobre el rechazo al laudo arbitral de París de 1899 que estableció las fronteras, un acuerdo considerado nulo por Venezuela.
Venezuela reactivó su reclamo sobre el Esequibo ante la ONU en 1962, y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra para buscar una solución práctica. Ante la falta de acuerdo, Guyana llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2013.
En medio de esta disputa, Guyana otorgó concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas, generando la reacción del gobierno venezolano. Maduro, además, ha dirigido sus críticas hacia ExxonMobil, acusándola de explotar ilegalmente y conspirar contra Venezuela.
La fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ordenó la detención de 14 personas, incluidos políticos opositores, acusándolos de traición por una presunta trama de financiamiento y conspiración relacionada con ExxonMobil.
ExxonMobil, principal operador del bloque Stabroek en Guyana, ha sido objeto de tensiones diplomáticas entre ambos países. Aunque Exxon no opera en Venezuela desde su expropiación en 2007, el gobierno venezolano amenaza con sanciones a las empresas asociadas en Guyana.
Este ultimátum podría afectar a Chevron, futura operadora de Hess en el bloque Stabroek, ya que opera en Venezuela. Sin embargo, expertos dudan que Venezuela forzaría a sus principales socios a decidir entre operar en Guyana o en Venezuela.
A pesar de llamados internacionales a la moderación, la disputa territorial sigue sin resolverse, y las acciones de Venezuela podrían complicar sus esfuerzos por atraer inversiones petroleras internacionales. La incertidumbre persiste sobre el destino de los recursos en el Esequibo y el papel de las empresas petroleras en esta intrincada situación.
